publicado por el Periódico ABC España
La letrada de «El Chicle», como los de Ana Julia o el pederasta de Ciudad Lineal, han dignificado el turno de oficio
«Sabes que tu cliente es culpable, muchas veces porque él mismo te lo ha dicho. Tu obligación es defenderle, sea un maltratador, un asesino o un violador. Es un derecho fundamental y eso está por encima de todo, de cualquier cuestionamiento moral. Se trata de una defensa jurídica; si no, no seríamos penalistas». Matilde Izquierdo es una de los 45.348 abogados que a fecha 1 de enero de 2018 estaban dados de alta en el turno de oficio, un 32 por ciento de los 142.061 profesionales ejercientes en toda España.
Su trabajo es silencioso y tiene escaso reconocimiento, como el de la mayoría de los letrados que diariamente se dejan la piel por sus clientes en los tribunales de toda España. La trascendencia de los últimos casos que han llenado las páginas de Sucesos han permitido dar visibilidad y dignificar el turno de oficio con profesionales como la abogada de José Enrique «El Chicle», María Fernanda Álvarez; el de Ana Julia (asesina de Gabriel), Esteban Hernández; o el del pederasta de Ciudad Lineal, Cristóbal Sitjar, cuyo trabajo fue elogiado por el propio Tribunal Supremo.
Fue en la sentencia que en enero de 2018 confirmó los 70 años de prisión para el depredador de niños Antonio Ortiz por abusar de cuatro menores de entre 5 y 9 años. El ponente, Manuel Marchena, dijo lo siguiente: «La tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, que es la absolución del acusado, ha sido realizada con una dignidad profesional ciertamente loable que, en supuestos como este, hace que el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiera todo su valor (…). Nuestro reconocimiento, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías».
Tiene especial mérito el caso de la abogada de Abuín, decana de los abogados de Ribeira, que ha sabido anteponer su profesionalidad a los recelos personales que le podía causar la defensa de un hombre que ha confesado la muerte de una chica que en el momento de los hechos era sólo unos años menor que la hija de la abogada.
En colegios como el de abogados de Madrid, y en la mayor de los 83 de España, no cabe la renuncia de un letrado salvo que sea por un motivo personal y justo. A diferencia de cualquier abogado de pago, que puede dejar a su cliente cuando estime oportuno (como hizo precisamente el anterior que tuvo el asesino de Diana Quer alegando, en este caso, pérdida de confianza), uno de oficio tendría que justificar que existe un conflicto de interés o un conflicto personal con el defendido. Si no quiere llevar la defensa del cliente asignado se tiene que dar de baja en el turno. Así lo hizo el primer abogado que asistió al moldavo Pietro Arkan, condenado a 75 años de cárcel por asesinar en un chalé de Pozuelo a un abogado, intentar matar a su esposa y agredir a las dos hijas del matrimonio en 2001. Continuar con el caso le suponía un problema personal donde no entraba la razón del derecho.
En Madrid, en 2017 los abogados de turno de oficio en funciones de guardia realizaron 81.218 asistencias a detenidos y víctimas, una media mensual de 6.800 asistencias, según datos proporcionados por el Colegio.
En una de estas guardias le «cayó» a Antonio Alberca la defensa de Rafa Zouhier, uno de los imputados por los atentados del 11-M en Madrid. Como muchos de sus compañeros, dedicó varios años de su vida a la defensa del considerado mediador entre la trama asturiana de los explosivos y la célula islamista que cometió la matanza de los trenes. Reconoce que cuando le asignaron su defensa se quedó «muy impresionado». «Le acusaban de 191 asesinatos, y claro que me supuso un conflicto, pero también un reto», recuerda. Consiguió que le condenaran a diez años como colaborador de la célula, y no como cooperador necesario, que era la calificación inicial. En marzo de 2014, Zouhier era expulsado a Tánger tras cumplir íntegramente su condena. El trabajo de Alberca y el de todos los abogados de oficio que afrontaron cuatro años de instrucción y cinco meses de juicio fue reconocido con el Premio Derechos Humanos 2008 de la Confederación de Colegios de Abogados de Europa.
Baremos exiguos
Todavía no ha llegado la hora del reconocimiento económico al colectivo, a juzgar por los 150 euros que cobran de media por expediente, los 12 que les pagan por ir a visitar a un cliente a prisión (lo que parece necesario en aras de preparar la defensa ante el juicio) o 180 por una guardia que nunca dura 24 horas, pues se extiende hasta que el cliente pasa a disposición judicial.
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